TEMA 1:España en su contexto y diversidad territorial.

1. ESPAÑA EN SU CONTEXTO Y DIVERSIDAD TERRITORIAL

1. El proceso de organización político-administrativa de España.

España es uno de los estados más antiguos de Europa y, sin embargo, sigue la discusión sobre su identidad e incluso sobre su unidad. En la base de la discutible unidad de España hay razones geográficas. España es, ante todo, un país de contrastes geográficos, casi un continente en miniatura. Su territorio está muy compartimentado por el diseño del relieve, y su diversidad está potenciada por la variedad física (litológica, edáfica, climática, biogeográfica...) y humana (desigual reparto de población y actividades económicas, notable oposición entre el interior y la periferia...). Así, la geografía favorece más las diferencias que las uniformidades.

También la historia ejerce el mismo papel. El carácter de España como encrucijada geográfica –entre dos mares y dos continentes- le permitió ser lugar de paso o llegada de numerosos pueblos y culturas (fenicios, griegos, cartagineses, romanos, judíos, musulmanes...) que han dejado su influencia. Nuestra riqueza cultural tiene mucho que ver con todo ello pero, a cambio, se han potenciado las diferencias que contribuyen a la falta de vertebración de España.

La primera organización territorial general de España llega cuando Roma divide Hispania en dos provincias: Citerior y Ulterior. Más tarde, Augusto define tres provincias: Bética, Lusitania y Tarraconensis, subdivididas administrativamente en conventos jurídicos. Esta división es el origen de futuros territorios con personalidad propia: Andalucía, Aragón, Cataluña-Valencia y Extremadura. En el Bajo Imperio Hispania se articuló en seis provincias: Bética, Lusitania, Tarraconensis, Cartaginensis, Gallaecia y Balearica. Más tarde los Visigodos imponen una división provincial que es casi un calco de la romana.

La invasión musulmana inició un largo proceso de casi ocho siglos durante los cuales el “mapa de España” está sometido a continua transformación, como resultado de la Conquista, Reconquista y las complejas relaciones entre Al-Andalus y los diferentes reinos cristianos y el mapa peninsular se complicará aún más tras la disgregación del Califato, cuando a la diversidad de reinos cristianos se suma la variedad de reinos de taifas en territorio musulmán.

El reinado de los Reyes Católicos se ha venido considerando como el inicio definitivo de la unidad de España, pero ello es muy matizable. Cada reino conservó sus Cortes e instituciones, su moneda… y, tras la muerte de Isabel, sólo razones dinásticas explican que ambos reinos volvieran a unirse bajo el emperador Carlos. Poco después Felipe II tuvo que enviar tropas castellanas a Aragón para acabar con el nacionalismo.

Entre los siglos XVI-XVII la estructura político-territorial española seguía sin ser unitaria. Castilla, Aragón y Navarra mantuvieron sus instituciones (dentro de la Corona de Aragón se repetía la situación entre los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca) y continuaba la multiplicidad de jurisdicciones y privilegios forales.

La situación cambia con la llegada de los Borbones. Los decretos de Nueva Planta suprimieron las leyes e instituciones propias del reino aragonés e implantan un modelo centralizado, lo que lleva a modificaciones en el diseño territorial (ver mapa).

No será hasta 1833 cuando se produzca la definitiva desaparición de los reinos como entidades administrativas. Entonces, Javier de Burgos creó la aún vigente división provincial (49 provincias, que se convirtieron en 50 en 1927 al dividirse la de Canarias en dos).

Será en 1978 cuando, amparándose en el título VIII de la Constitución, se inicie la reordenación territorial que da al país el actual diseño autonómico, que realmente no introduce grandes cambios en el diseño territorial, ya que 11 de las 13 antiguas regiones permanecieron invariables.

La Constitución diseña una organización político-administrativa propia de un estado descentralizado, que reparte la toma de decisiones entre diferentes divisiones territoriales con capacidad de autogobierno en los asuntos de sus competencias. Fundamentalmente son:

El municipio. Es la entidad territorial básica, compuesta por una o varias localidades y un territorio claramente delimitado: el término municipal. Su gobierno y administración corresponde al ayuntamiento, integrado por concejales elegidos por los vecinos del municipio y un alcalde elegido por los concejales. Su función es administrar su territorio y prestar servicios a lo vecinos.

La provincia. Es una entidad territorial local formada por una agrupación de municipios. Su función es fomentar los intereses provinciales, prestar servicio de ámbito provincial y coordinar los servicios de los municipios. El gobierno y la administración provincial corresponden a la Diputación Provincial, integrada por los diputados, escogidos entre los concejales proporcionalmente según su representación política a nivel provincial, y un presidente, elegido por los diputados.

La Comunidad autónoma, una entidad territorial formada por provincias limítrofes, provincias  con entidad regional histórica o territorios insulares. Poseen autonomía legislativa, que recae en su parlamento, y capacidad de autogobierno sobre los asuntos de su competencia.

Además de los tres anteriores, la Constitución reconoce otras demarcaciones territoriales, que puede tener ámbito provincial, supramunicipal, submunicipal e insular. Entre ellas se encuentran: Los Territorios forales, que tienen una base histórica en Navarra y el País Vasco, que coinciden con sus respectvas provincias y que se gobiernan a través de las Diputaciones Forales. Las Comarcas, territorios que agrupan varios municipios; las Mancomunidades, formadas por la libre asociación de municipios; las Parroquias, entidades formadas por varias aldeas, propias de Galicia y Asturias; y los Consejos Insulares y Cabildos, órganos de gobierno y administración local en los archipiélagos. En Baleares las cuatro grandes islas tienen un Consells Insulars, y en Canarias cada isla tiene su propio Cabildo.

Al generalizarse las autonomías la provincia perdió la importancia que antes tenía, a la vez que se revalorizaban las comarcas en el interior de cada autonomía. En algunas, como Cataluña, las comarcas tienen poder administrativo, mientras  que   en   otras,   como   Andalucía, son denominaciones de zonas geográficas con características físicas comunes.

2. Las Comunidades Autónomas y las regiones.

    2.1. El proceso de creación de la CC.AA. y su organización

Una comunidad autónoma es una entidad territorial dotada de autonomía legislativa y competencias ejecutivas, así como de la facultad de administrarse mediante sus propios representantes.

Desde mediados del XIX se buscó romper el centralismo administrativo borbónico, optándose entre el federalismo y la autonomía, aunque será a finales del XIX cuando empiecen a manifestarse los regionalismos o nacionalismos, sobre todo el nacionalismo periférico, al consolidarse en Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía, fundamentalmente.

Los nacionalismos comienzan proponiendo que sus regiones tengan autonomía de gobierno frente al poder central y, hacia 1913, se acepta que las provincias puedan mancomunarse, pero la dictadura de Primo de Rivera corta el proceso. Sería la Constitución de la segunda República quien reconoció el derecho a la autonomía. Se presentan numerosos proyectos de estatutos de autonomía (Cataluña, País Vasco, Aragón, Galicia, Andalucía...) pero sólo se aprobaron el catalán y el vasco, este ya en plena guerra civil.

El régimen de Franco erradicó cualquier posibilidad de autonomía, y en la transición democrática el problema de la estructura de España volvió a aparecer. La Constitución de 1978 lo resuelve en el título VIII, definiendo a España como un Estado plurinacional y reconociendo el derecho a la autonomía de las regiones, marcando cual debía ser el proceso de acceso a la misma. Tras este proceso se establece la existencia de 17 autonomías y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla).

El Estado autonómico se caracteriza por los siguientes rasgos:

●Cada comunidad autónoma está regida por su Estatuto de autonomía, elaborado y aprobado en su Parlamento y ratificados por las Cortes.

●La Constitución establece que las comunidades tienen competencias exclusivas en diversos  asuntos: políticas (organizar sus instituciones de autogobierno); económicas (agricultura, ganadería, pesca, comercio…); en infraestructuras y transportes y en ordenación del territorio (urbanismo, medio ambiente y vivienda); sociales, sanitarias y culturales, deportivas y de ocio (museos, bibliotecas, turismo, etc.). 

●Las instituciones de una comunidad son tres: El Parlamento autonómico, que ejerce de asamblea legislativa, elaborando las leyes en las materias de competencia autonómica, aprobando el presupuesto y controlando al gobierno regional; El presidente/a, máxima autoridad de la comunidad autónoma que nombra y dirige su gobierno, a la vez que es elegido por su Parlamento; El Consejo de Gobierno, o gobierno autonómico, integrado por el Presidente/a de la comunidad y los consejeros por él elegidos, que se encargan de las diferentes áreas de gobierno o consejerías (ministerios).

Además, las comunidades cuentan con un órgano judicial, el Tribunal Superior de Justicia, máximo órgano judicial y con una Delegación del Gobierno, que dirige la administración general del Estado en ellas.

●La financiación de las comunidades responde a dos modelos: El régimen foral (País Vasco y Navarra), en el que el territorio se financia con los tributos por él recaudados y acuerda con el Estado la cantidad a pagar a su Administración General (conciertos); y el régimen común, en el que las comunidades se financian con tributos (propios, cedidos por el Estado o compartidos, caso del IRPF, IVA…) y con fondos, siempre que los impuestos recaudados no cubran los servicios públicos básicos.

●El estado autonómico se basa en la igualdad territorial y la solidaridad, de manera que ningún estatuto puede contener privilegios o discriminaciones en materia fiscal, salarial, de seguridad social…

El estado de las autonomías ha venido a introducir un mayor variedad geográfico-política: Comunidades de 9 provincias a otras uniprovinciales, algunas de gran extensión y otras minúsculas, interiores, periféricas, insulares, muy pobladas o poco pobladas, equilibradas en sus recursos o desequilibradas… Esto no ha hecho sino mantener uno de los grandes problemas de España: el de los desequilibrios regionales.

2.2. Las regiones y sus desequilibrios.

 Pierre George define región como «Porción de espacio dotada de unidad a causa de sus características físicas, su pasado histórico, sus capacidades económicas y, eventualmente, la voluntad orgánica de un estado» Con ello se define, a la vez, los conceptos de región natural o geográfica (territorio limitado por fronteras naturales –generalmente el relieve- y que comparte características físicas y biogeográficas)  y región política (división que hacen los Estados para su administración política y que puede contener criterios naturales, económicos, históricos o culturales ).

La Constitución española, en su artículo 2, reconoce  y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, sin aclarar el concepto de nacionalidad, pero intuyéndose su identificación con aquellas que más avanzaron en la consecución de su autonomía durante la Segunda República. Terminado el proceso autonómico podemos decir que, actualmente, se identifica comunidad autónoma con región política y que, al compararlas. se extrae una clara conclusión: Los enormes contrastes regionales.

2.2.1. Contrastes regionales.

La simple visión del mapa autonómico nos muestra grandes contrastes: comunidades muy pequeñas frente a otras que superan en tamaño a Portugal (Castilla-León); comunidades uniprovinciales y otras que reúnen 8 o 9 provincias (Andalucía y Castilla-León).

Las CC.AA. litorales disponen de mejores condiciones geográficas y mayores recursos (costas, climas, suelos…), lo que ha favorecido el desarrollo de determinadas actividades (industria, turismo, agricultura intensiva…), estimulado su crecimiento demográfico y potenciado su desarrollo económico.

Por contra las comunidades interiores –a excepción de Madrid- presentan peores condiciones naturales: climas continentalizados, orografía compleja, suelos de poca calidad… Por eso suelen ser las zonas menos densamente pobladas y las peor dotadas de infraestructuras y tejido industrial.

En este panorama tienen mucho que ver la historia y determinadas decisiones de carácter político, pero también los factores geográficos naturales. Todos estos factores, entrecruzados, han creado importantes desequilibrios, evidentes en los capítulos demográfico, económico y social

●Desequilibrios demográficos. La población se distribuye muy desigualmente sobre el territorio. La densidad media para España es de 93 hab/Km², pero con grandes diferencias entre comunidades y provincias: De los más de 750 hab/Km2 de Madrid a los 25 de Castilla-La Mancha.

Hay un fuerte contraste entre un litoral muy poblado y un interior semivacío. La prueba es que casi la mitad de la población se concentra en sólo 4 CC.AA: Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia; mientras en la España interior hay grandes zonas con bajas densidades. Las fuertes densidades de la periferia se acentúan sobre todo en las CC.AA. mediterráneas y las principales islas, frente a las que encontramos un progresivo vacío del interior, salvo en zonas como Madrid y  su entorno y los ejes del Ebro y del Guadalquivir. 

El contraste se da también en los comportamientos demográficos: Al mayor crecimiento natural de Murcia, Madrid, Andalucía… se opone el crecimiento negativo de la Cornisa Cantábrica, Galicia o Castilla-León

●Desequilibrios económicos y sociales. El PIB por habitante y las tasas de actividad y paro reflejan muy bien las disparidades económicas y sociales entre regiones. El PIB medio por habitante en 2013 era de unos 22.700 €. Mientras País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña… estaban muy por encima, otras CC.AA. como Extremadura o Andalucía no alcanzaban los 20.000 €

Si observamos la tasa de actividad (media del 59,4% en diciembre de 2013), la Comunidad que presentaba mayor tasa era Baleares (63%), seguida de Madrid, Canarias, Cataluña… (todas con más del 60%) Por contra Asturias apenas superaba el 52% y Castilla-León, Galicia y Extremadura se situaban por debajo del 55%

Idénticos contrastes encontramos respecto a la tasa de paro. Mientras Andalucía (36,3%), Extremadura, Canarias o Castilla-La Mancha superaban el 30% (EPA de diciembre del 2013), País Vasco o Navarra están por debajo del 20% y La Rioja, Cantabria, Aragón, Madrid o Galicia estaban por debajo del 22%.

Todo lo anterior nos llevaría a distinguir entre regiones de mayor dinamismo o desarrollo y otras de menor dinamismo. Entre las primeras han de destacarse Cataluña, País Vasco, Madrid, Navarra, Baleares... Entre las segundas Extremadura, Andalucía, Castilla – La Mancha, Canarias, Murcia… En general puede decirse que la mitad norte del país es más rica y dinámica que la mitad sur.

Para corregir los desequilibrios el Estado pone en marcha las políticas regionales. España cuenta con dos importantes instrumentos para desarrollar su política regional: los Incentivos Regionales (ayudas estatales a las empresas) y el Fondo de Compensación interterritorial, que se complementan con otros que provienen de la política regional europea como los Fondos Estructurales (FEDER y FSE) y el Fondo de Cohesión.

3. España en la U.E.

3.1. La integración y sus repercusiones.

En febrero de 1962, y en plena dictadura franquista, el entonces ministro de Asuntos Exteriores solicitó oficialmente la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Al año siguiente comenzaron las negociaciones para el ingreso, con el escollo de la falta de democracia en España. Por eso, aunque en junio de 1970 se firmase el Acuerdo España-Mercado Común en Luxemburgo, aún tendrían que pasar 16 años hasta que España se convirtiera en Estado miembro el 1 de enero de 1986.

La integración de España en la CEE tenía beneficios para ambas partes. A España le podía servir para consolidar la naciente democracia e impulsar su progreso económico, al tiempo que Europa necesitaba de nuevos miembros para afrontar la competencia frente a EE.UU. y Japón y desarrollar el proyecto europeo.

Las negociaciones no fueron fáciles, pues España producía sobre todo productos agrícolas y pesqueros que rivalizaban con los de otros países miembros, aunque su integración aportaba un importante mercado de 38 millones de consumidores.

Las consecuencias de la incorporación fueron numerosas:

●Políticas. Ayudó a reforzar la democracia española y permitió a nuestro país ganar peso dentro de Europa y del contexto internacional.

●Económicas. Las ayudas de los fondos europeos permitieron a España modernizar sus estructuras socioeconómicas y aumentar su productividad, acortando las distancias respecto a Europa y cumplir con los criterios de convergencia para integrarse en la Unión Económica y Monetaria.

●Sociales. Impulsó el desarrollo del Estado del bienestar mediante un incremento de inversiones en servicios sociales y prestaciones, aunque con importantes diferencias con los países europeos más avanzados.

3.2. Posición de España en la UE.

España presenta una posición intermedia en el contexto de la U.E. con las siguientes características:

a) Situación periférica. Nuestro territorio se sitúa en el extremo suroeste de Europa (península más occidental y meridional de Europa), presentando por tanto una posición periférica. Es más, las Islas Canarias por su localización, se integran en el grupo de regiones ultraperiféricas. No obstante, nuestra situación favorece nuestro papel intercesor entre los ámbitos mediterráneo y atlántico, colocándonos además en situación ventajosa para jugar un importante papel en las relaciones entre Europa y África, pero también tiene el inconveniente de alejarnos de los centros neurálgicos del poder político y económico de Europa.

b) Peso relevante por superficie y población. España es el segundo país en extensión y el quinto más poblado de la U.E, si bien su densidad –algo más de 92 hab./ Km²- no es de las más elevadas. Por otra parte, la población española refleja –en general- las características de las sociedades modernas europeas: envejecimiento, bajas tasas de mortalidad y natalidad (que se sitúan entre las más bajas del mundo), alta esperanza de vida… Su población incluso ha disminuido en los últimos años como consecuencia del desplome de la natalidad y el retorno a sus países de origen de numerosos inmigrantes que provocó la crisis económica iniciada en 2008.

c) Peso intermedio por sus rasgos socieconómicos. En este apartado España se sitúa en una posición intermedia de la U.E., claramente tras las potencias de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, y por delante de los países que han ingresado en las últimas ampliaciones.

Nuestro país es la cuarta economía de la eurozona y la quinta de la U.E. por su P.I.B. Pese al crecimiento del PIB per cápita español desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea, España se encuentra actualmente en este aspecto por debajo de la media europea, y nuestro país muestra claras debilidades en materia económica y social: baja competitividad económica, debilidad industrial, excesiva dependencia del sector turístico, desequilibrio de la balanza comercial, excesiva dependencia energética, poca cualificación de buena parte de la población activa, retraso en las inversiones en I+D+I y en el desarrollo de las TIC… Todo esto está en la base de hechos preocupantes, como por ejemplo que la tasa de desempleo siga siendo la segunda más alta de los países de la U.E., sólo por detrás de Grecia.

Desde su ingreso en 1986 España ha mantenido una senda de convergencia con la U.E. Prueba de ello es que en 2001 nuestro P.I.B. per cápita se situó en la media europea y siguió aumentando hasta 2007. Sin embargo, los efectos de la crisis iniciada en 2008, ha hecho que en 2018 nuestro P.I.B. per cápita apenas supere el 90% de la media Europea, aunque el dato esconde la evidencia de los desequilibrios regionales de nuestro país, que intentan ser corregidos a través de la política regional europea.

Así, y en relación con el reparto de fondos comunitarios para el desarrollo, en el período 2014-2020 España cuenta con tres categorías de regiones: las menos desarrolladas (Extremadura), las transitorias (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia y la Ciudad Autónoma de Melilla) y las más desarrolladas (el resto). Actualmente tenemos acceso a cuatro de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE): Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo, Fondo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. En este mismo sentido España está ya excluida de los Fondos de Cohesión, pues la mayoría de los países perceptores de los mismos son los de la Europa del Este, con menor índice de desarrollo.