TEMA 1:
ESPAÑA EN SU CONTEXTO Y DIVERSIDAD TERRITORIAL.
1. El proceso de
organización político-administrativa de España.
1.1.
Evolución desde sus orígenes hasta la actualidad.
España es uno
de los estados más antiguos de Europa y, sin embargo, sigue la discusión sobre
su identidad e incluso sobre su unidad. En la base de la discutible unidad de
España hay razones geográficas. España es, ante todo, un país de contrastes
geográficos, casi un continente en miniatura. Su territorio está muy
compartimentado por el diseño del relieve, y su diversidad está potenciada por
la variedad física (litológica, edáfica, climática, biogeográfica...) y humana
(desigual reparto de población y actividades económicas, notable oposición
entre el interior y la periferia...). Así, la geografía favorece más las
diferencias que las uniformidades.
También la historia ejerce el mismo papel. El carácter
de España como encrucijada geográfica –entre dos mares y dos continentes- le
permitió ser lugar de paso o llegada de numerosos pueblos y culturas (fenicios,
griegos, cartagineses, romanos, judíos, musulmanes...) que han dejado su
influencia. Nuestra riqueza cultural tiene mucho que ver con todo ello pero, a
cambio, se han potenciado las diferencias que contribuyen a la falta de
vertebración de España.
La primera organización territorial general de España
llega cuando Roma divide Hispania en dos
provincias: Citerior y Ulterior. Más tarde, Augusto define tres
provincias: Bética, Lusitania y Tarraconensis, subdivididas
administrativamente en conventos jurídicos. Esta división es el
origen de futuros territorios con personalidad propia: Andalucía, Aragón,
Cataluña-Valencia y Extremadura. En el Bajo Imperio Hispania se articuló en
seis provincias: Bética, Lusitania, Tarraconensis, Cartaginensis,
Gallaecia y Balearica. Más tarde los Visigodos imponen
una división provincial que es casi un calco de la romana.
La invasión musulmana inició un largo
proceso de casi ocho siglos durante los cuales el “mapa de España” está
sometido a continua transformación, como resultado de la Conquista, Reconquista
y las complejas relaciones entre Al-Andalus y los diferentes reinos cristianos
y el mapa peninsular se complicará aún más tras la disgregación del
Califato, cuando a la diversidad de reinos cristianos se suma la variedad
de reinos de taifas en territorio musulmán.
El reinado de los Reyes Católicos se
ha venido considerando como el inicio definitivo de la unidad de España, pero
ello es muy matizable. Cada reino conservó sus Cortes e instituciones, su
moneda… y, tras la muerte de Isabel, sólo razones dinásticas explican que ambos
reinos volvieran a unirse bajo el emperador Carlos. Poco después Felipe II tuvo
que enviar tropas castellanas a Aragón para acabar con el nacionalismo.
Entre los siglos XVI-XVII la
estructura político-territorial española seguía sin ser unitaria. Castilla,
Aragón y Navarra mantuvieron sus instituciones (dentro de la Corona de Aragón
se repetía la situación entre los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca) y
continuaba la multiplicidad de jurisdicciones y privilegios forales.
La situación cambia con la llegada de los Borbones.
Los decretos de Nueva Planta suprimieron las leyes e
instituciones propias del reino aragonés e implantan un modelo centralizado, lo
que lleva a modificaciones en el diseño territorial (ver mapa).
No será hasta 1833 cuando se produzca
la definitiva desaparición de los reinos como entidades administrativas.
Entonces, Javier de Burgos creó la aún vigente división
provincial (49 provincias, que se convirtieron en 50 en 1927 al dividirse la de
Canarias en dos).
Será en 1978 cuando, amparándose en
el título VIII de la Constitución, se inicie la reordenación territorial que da
al país el actual diseño autonómico, que realmente no
introduce grandes cambios en el diseño territorial, ya que 11 de las 13
antiguas regiones permanecieron invariables.
1.2. La organización territorial en la actualidad.
La Constitución diseña una
organización político-administrativa propia de un estado
descentralizado, que reparte la toma de decisiones entre diferentes
divisiones territoriales con capacidad de autogobierno en los asuntos de sus
competencias. Fundamentalmente son:
El municipio. Es la entidad territorial básica, compuesta por una
o varias localidades y un territorio claramente delimitado: el término
municipal. Su gobierno y administración corresponde al ayuntamiento, integrado
por concejales elegidos por los vecinos del municipio y un alcalde elegido por
los concejales. Su función es administrar su territorio y prestar servicios a
lo vecinos.
La provincia. Es una entidad territorial local formada por una
agrupación de municipios. Su función es fomentar los intereses provinciales,
prestar servicio de ámbito provincial y coordinar los servicios de los
municipios. El gobierno y la administración provincial corresponden a la Diputación
Provincial, integrada por los diputados, escogidos entre los concejales
proporcionalmente según su representación política a nivel provincial, y un
presidente, elegido por los diputados.
La Comunidad autónoma, una entidad territorial formada por provincias
limítrofes, provincias con entidad regional histórica o territorios
insulares. Poseen autonomía legislativa, que recae en su parlamento, y
capacidad de autogobierno sobre los asuntos de su competencia.
Además de los tres anteriores, la
Constitución reconoce otras demarcaciones territoriales, que puede tener ámbito
provincial, supramunicipal, submunicipal e insular. Entre ellas se encuentran:
Los Territorios forales, que tienen una base histórica en Navarra y
el País Vasco, que coinciden con sus respectvas provincias y que se gobiernan a
través de las Diputaciones Forales. Las Comarcas, territorios que
agrupan varios municipios; las Mancomunidades, formadas por la
libre asociación de municipios; las Parroquias, entidades formadas
por varias aldeas, propias de Galicia y Asturias; y los Consejos
Insulares y Cabildos, órganos de gobierno y administración local en los
archipiélagos. En Baleares las cuatro grandes islas tienen un Consells
Insulars, y en Canarias cada isla tiene su propio Cabildo.
Al generalizarse las autonomías la provincia perdió la
importancia que antes tenía, a la vez que se revalorizaban las comarcas en el
interior de cada autonomía. En algunas, como Cataluña, las comarcas tienen
poder administrativo, mientras que en
otras, como Andalucía, son denominaciones de zonas
geográficas con características físicas comunes.
2. Las Comunidades Autónomas y las regiones.
2.1. El proceso
de creación de la CC.AA. y su organización
Una comunidad autónoma es una entidad
territorial dotada de autonomía legislativa y competencias ejecutivas, así como
de la facultad de administrarse mediante sus propios representantes.
Desde mediados del XIX se buscó romper el centralismo
administrativo borbónico, optándose entre el federalismo y la autonomía, aunque
será a finales del XIX cuando empiecen a manifestarse los regionalismos o nacionalismos,
sobre todo el nacionalismo periférico, al consolidarse en Galicia, País Vasco,
Cataluña y Andalucía, fundamentalmente.
Los nacionalismos comienzan
proponiendo que sus regiones tengan autonomía de gobierno frente al poder
central y, hacia 1913, se acepta que las provincias puedan mancomunarse, pero
la dictadura de Primo de Rivera corta el proceso. Sería la Constitución de
la segunda República quien reconoció el derecho a la
autonomía. Se presentan numerosos proyectos de estatutos de autonomía
(Cataluña, País Vasco, Aragón, Galicia, Andalucía...) pero sólo se aprobaron el
catalán y el vasco, este ya en plena guerra civil.
El régimen de Franco erradicó
cualquier posibilidad de autonomía, y en la transición democrática el
problema de la estructura de España volvió a aparecer. La Constitución de 1978
lo resuelve en el título VIII, definiendo a España como un Estado plurinacional
y reconociendo el derecho a la autonomía de las regiones, marcando cual debía
ser el proceso de acceso a la misma. Tras este proceso se establece la
existencia de 17 autonomías y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla).
El Estado autonómico se caracteriza por los siguientes
rasgos:
●Cada comunidad autónoma está
regida por su Estatuto de autonomía, elaborado y aprobado en su
Parlamento y ratificados por las Cortes.
●La Constitución establece que
las comunidades tienen competencias exclusivas en
diversos asuntos: políticas (organizar sus instituciones de
autogobierno); económicas (agricultura, ganadería, pesca, comercio…); en
infraestructuras y transportes y en ordenación del territorio (urbanismo, medio
ambiente y vivienda); sociales, sanitarias y culturales, deportivas y de ocio
(museos, bibliotecas, turismo, etc.).
●Las instituciones de una comunidad son tres: El Parlamento
autonómico, que ejerce de asamblea legislativa, elaborando las leyes en las
materias de competencia autonómica, aprobando el presupuesto y controlando al
gobierno regional; El presidente/a, máxima autoridad de la
comunidad autónoma que nombra y dirige su gobierno, a la vez que es elegido por
su Parlamento; El Consejo de Gobierno, o gobierno autonómico,
integrado por el Presidente/a de la comunidad y los consejeros por él elegidos,
que se encargan de las diferentes áreas de gobierno o consejerías
(ministerios).
Además, las comunidades cuentan con un órgano
judicial, el Tribunal Superior de Justicia, máximo órgano judicial
y con unaDelegación del Gobierno, que dirige la administración general
del Estado en ellas.
●La financiación de las comunidades responde a dos modelos: El régimen
foral (País Vasco y Navarra), en el que el territorio se financia con los
tributos por él recaudados y acuerda con el Estado la cantidad a pagar a su
Administración General (conciertos); y el régimen común, en el que las
comunidades se financian con tributos (propios, cedidos por el Estado o compartidos,
caso del IRPF, IVA…) y con fondos, siempre que los impuestos
recaudados no cubran los servicios públicos básicos.
●El estado autonómico se basa en la
igualdad territorial y la solidaridad, de manera que ningún estatuto
puede contener privilegios o discriminaciones en materia fiscal, salarial, de
seguridad social…
El estado de las autonomías ha venido a introducir un
mayor variedad geográfico-política: Comunidades de 9 provincias a otras
uniprovinciales, algunas de gran extensión y otras minúsculas, interiores,
periféricas, insulares, muy pobladas o poco pobladas, equilibradas en sus
recursos o desequilibradas… Esto no ha hecho sino mantener uno de los grandes
problemas de España: el de los desequilibrios regionales.
2.2. Las regiones y sus desequilibrios: contrastes regionales
Pierre George define región
como «Porción de espacio dotada de unidad a causa de sus características
físicas, su pasado histórico, sus capacidades económicas y, eventualmente, la
voluntad orgánica de un estado» Con ello se define, a la vez, los conceptos
de región natural o geográfica (territorio limitado por fronteras
naturales –generalmente el relieve- y que comparte características físicas y
biogeográficas) y región política (división que hacen los Estados para su administración
política y que puede contener criterios naturales, económicos, históricos o
culturales ).
Actualmente, en España se
identifica comunidad autónoma con región política. Al compararlas se extrae una
clara conclusión: Los enormes contrastes regionales. Estos son notorios en la simple
visión del mapa autonómico: comunidades muy pequeñas frente a otras que superan
en tamaño a Portugal (Castilla-León); comunidades uniprovinciales y otras que
reúnen 8 o 9 provincias (Andalucía y Castilla-León).
Las CC.AA. litorales disponen de
mejores condiciones geográficas y mayores recursos (costas, climas, suelos…),
lo que ha favorecido el desarrollo de determinadas actividades (industria,
turismo, agricultura intensiva…), estimulado su crecimiento demográfico y
potenciado su desarrollo económico.
Por contra las comunidades
interiores –a excepción de Madrid- presentan peores condiciones naturales:
climas continentalizados, orografía compleja, suelos de poca calidad… Por eso
suelen ser las zonas menos densamente pobladas y las peor dotadas de infraestructuras
y tejido industrial.
En este panorama tienen mucho que
ver la historia y determinadas decisiones de carácter político, pero también
los factores geográficos naturales. Todos estos factores, entrecruzados, han
creado importantes desequilibrios, evidentes en los capítulos demográfico,
económico y social
●Desequilibrios demográficos. La población se distribuye muy desigualmente
sobre el territorio. La densidad media para España es de 93 hab/Km2,
pero con grandes diferencias entre comunidades y provincias: De los más de 750
hab/Km2 de Madrid a los 25 de Castilla-La Mancha.
Hay un fuerte contraste
entre un litoral muy poblado y un interior semivacío. La prueba es que casi
la mitad de la población se concentra en sólo 4 CC.AA: Andalucía, Cataluña, Madrid
y Valencia; mientras en la España interior hay grandes zonas con bajas
densidades. Las fuertes densidades de la periferia se acentúan
en las CC.AA. mediterráneas y las principales islas, frente a las que
encontramos un progresivo vacío del interior, salvo
en zonas como Madrid y su entorno y los ejes del Ebro y del
Guadalquivir.
El contraste se da también en los
comportamientos demográficos: Al mayor crecimiento natural de Murcia, Madrid,
Andalucía… se opone el crecimiento negativo de la Cornisa Cantábrica, Galicia o
Castilla-León
●Desequilibrios económicos y sociales. El PIB por habitante y las
tasas de actividad y paro reflejan muy bien las disparidades económicas y
sociales entre regiones. El PIB medio por habitante en 2013 era de unos 22.700
€. Mientras País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña… estaban muy por encima,
otras CC.AA. como Extremadura o Andalucía no alcanzaban los 20.000 €
Si observamos la tasa de
actividad (media del 59,4% en diciembre de 2013), la Comunidad que
presentaba mayor tasa era Baleares (63%), seguida de Madrid, Canarias,
Cataluña… (todas con más del 60%) Por contra Asturias apenas superaba el 52% y
Castilla-León, Galicia y Extremadura se situaban por debajo del 55%
Idénticos contrastes encontramos
respecto a la tasa de paro. Mientras Andalucía (36,3%),
Extremadura, Canarias o Castilla-La Mancha superaban el 30% (EPA de diciembre
del 2013), País Vasco o Navarra están por debajo del 20% y La Rioja, Cantabria,
Aragón, Madrid o Galicia estaban por debajo del 22%.
Todo lo anterior nos llevaría a
distinguir entre regiones de mayor dinamismo o desarrollo y otras de menor
dinamismo. Entre las primeras han de destacarse Cataluña, País Vasco, Madrid,
Navarra, Baleares... Entre las segundas Extremadura, Andalucía, Castilla – La Mancha,
Canarias, Murcia… En general puede decirse que la mitad norte del país es más
rica y dinámica que la mitad sur.
Para corregir los desequilibrios
el Estado pone en marcha las políticas regionales. España cuenta con dos
importantes instrumentos para desarrollar su política regional: los Incentivos
Regionales (ayudas estatales a las empresas) y el Fondo de Compensación
interterritorial, que se complementan con otros que provienen de la política
regional europea como los Fondos Estructurales (FEDER y FSE) y el Fondo de
Cohesión.
3. España en la U.E.
3.1. La integración y sus repercusiones.
En febrero de 1962, y en plena
dictadura franquista, el entonces ministro de Asuntos Exteriores solicitó
oficialmente la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Al año
siguiente comenzaron las negociaciones para el ingreso, con el escollo de la
falta de democracia en España. Por eso, aunque en junio de 1970 se firmase el
Acuerdo España-Mercado Común en Luxemburgo, aún tendrían que pasar 16 años
hasta que España se convirtiera en Estado miembro el 1 de enero de 1986.
La integración de España en la CEE
tenía beneficios para ambas partes. A España le podía servir para consolidar la
naciente democracia e impulsar su progreso económico, al tiempo que Europa
necesitaba de nuevos miembros para afrontar la competencia frente a EE.UU. y
Japón y desarrollar el proyecto europeo.
Las negociaciones no fueron
fáciles, pues España producía sobre todo productos agrícolas y pesqueros que
rivalizaban con los de otros países miembros, aunque su integración aportaba un
importante mercado de 38 millones de consumidores.
Las consecuencias de la
incorporación fueron numerosas:
●Políticas. Ayudó a reforzar la democracia
española y permitió a nuestro país ganar peso dentro de Europa y del contexto
internacional.
●Económicas. Las ayudas de los fondos
europeos permitieron a España modernizar sus estructuras socioeconómicas y
aumentar su productividad, acortando las distancias respecto a Europa y cumplir
con los criterios de convergencia para integrarse en la Unión Económica y
Monetaria.
●Sociales. Impulsó el desarrollo del Estado
del bienestar mediante un incremento de inversiones en servicios sociales y
prestaciones, aunque con importantes diferencias con los países europeos más
avanzados.
3.2. Posición de España en la
UE.
España presenta una posición
intermedia en el contexto de la U.E. con las siguientes características:
a) Situación periférica. Nuestro territorio se sitúa en el extremo suroeste
de Europa (península más occidental y meridional de Europa), presentando por
tanto una posición periférica. Es más, las Islas Canarias por su localización,
se integran en el grupo de regiones ultraperiféricas. No obstante, nuestra
situación favorece nuestro papel intercesor entre los ámbitos mediterráneo y
atlántico, colocándonos además en situación ventajosa para jugar un importante
papel en las relaciones entre Europa y África, pero también tiene el inconveniente
de alejarnos de los centros neurálgicos del poder político y económico de
Europa.
b) Peso relevante por superficie y
población. España es el segundo país en
extensión y el quinto más poblado de la U.E, si bien su densidad –algo más de
92 hab./ Km2- no es de las más elevadas. Por otra parte, la
población española refleja –en general- las características de
las sociedades modernas europeas: envejecimiento, bajas tasas de mortalidad y
natalidad (que se sitúan entre las más bajas del mundo), alta esperanza de
vida… Su población incluso ha disminuido en los últimos años como consecuencia
del desplome de la natalidad y el retorno a sus países de origen de numerosos
inmigrantes que provocó la crisis económica iniciada en 2008.
c) Peso intermedio por sus rasgos
socieconómicos. En este apartado España se sitúa
en una posición intermedia de la U.E., claramente tras las potencias de
Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, y por delante de los países que han
ingresado en las últimas ampliaciones.
Nuestro país es la cuarta economía
de la eurozona y la quinta de la U.E. por su P.I.B. Pese al crecimiento del PIB
per cápita español desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea, España se
encuentra actualmente en este aspecto por debajo de la media europea, y nuestro
país muestra claras debilidades en materia económica y social: baja
competitividad económica, debilidad industrial, excesiva dependencia del sector
turístico, desequilibrio de la balanza comercial, excesiva dependencia energética,
poca cualificación de buena parte de la población activa, retraso en las
inversiones en I+D+I y en el desarrollo de las TIC… Todo esto está en la base
de hechos preocupantes, como por ejemplo que la tasa de desempleo siga siendo
la segunda más alta de los países de la U.E., sólo por detrás de Grecia.
Desde su ingreso en 1986 España ha
mantenido una senda de convergencia con la U.E. Prueba de ello es que en 2001
nuestro P.I.B. per cápita se situó en la media europea y siguió aumentando
hasta 2007. Sin embargo, los efectos de la crisis iniciada en 2008, ha hecho
que en 2018 nuestro P.I.B. per cápita apenas supere el 90% de la media Europea,
aunque el dato esconde la evidencia de los desequilibrios regionales de nuestro
país, que intentan ser corregidos a través de la política regional europea.
Así, y en relación con el reparto
de fondos comunitarios para el desarrollo, en el período
2014-2020 España cuenta con tres categorías de regiones: las menos
desarrolladas (Extremadura), las transitorias (Andalucía, Canarias, Castilla-La
Mancha, Murcia y la Ciudad Autónoma de Melilla) y las más desarrolladas (el
resto). Actualmente tenemos acceso a cuatro de los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos (Fondos EIE): Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo
Social Europeo, Fondo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca. En este mismo sentido España está ya excluida de los
Fondos de Cohesión, pues la mayoría de los países perceptores de los mismos son
los de la Europa del Este, con menor índice de desarrollo.
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