1. ESPAÑA EN SU CONTEXTO
Y DIVERSIDAD TERRITORIAL
1. El proceso de organización político-administrativa de
España.
España es uno de los estados más
antiguos de Europa y, sin embargo, sigue la discusión sobre su identidad e
incluso sobre su unidad. En la base de la discutible unidad de España hay
razones geográficas. España es, ante todo, un país de contrastes geográficos,
casi un continente en miniatura. Su territorio está muy compartimentado por el
diseño del relieve, y su diversidad está potenciada por la variedad física
(litológica, edáfica, climática, biogeográfica...) y humana (desigual reparto
de población y actividades económicas, notable oposición entre el interior y la
periferia...). Así, la geografía favorece más las diferencias que las
uniformidades.
También la historia ejerce el mismo
papel. El carácter de España como encrucijada geográfica –entre dos mares y dos
continentes- le permitió ser lugar de paso o llegada de numerosos pueblos y
culturas (fenicios, griegos, cartagineses, romanos, judíos, musulmanes...) que
han dejado su influencia. Nuestra riqueza cultural tiene mucho que ver con todo
ello pero, a cambio, se han potenciado las diferencias que contribuyen a la
falta de vertebración de España.
La primera organización territorial
general de España llega cuando Roma divide Hispania en
dos provincias: Citerior y Ulterior. Más tarde, Augusto define tres
provincias: Bética, Lusitania y Tarraconensis, subdivididas
administrativamente en conventos jurídicos. Esta división es el origen
de futuros territorios con personalidad propia: Andalucía, Aragón,
Cataluña-Valencia y Extremadura. En el Bajo Imperio Hispania se articuló en
seis provincias: Bética, Lusitania, Tarraconensis, Cartaginensis,
Gallaecia y Balearica. Más tarde los Visigodos imponen
una división provincial que es casi un calco de la romana.
La invasión musulmana inició
un largo proceso de casi ocho siglos durante los cuales el “mapa de España”
está sometido a continua transformación, como resultado de la Conquista,
Reconquista y las complejas relaciones entre Al-Andalus y los diferentes reinos
cristianos y el mapa peninsular se complicará aún más tras la disgregación
del Califato, cuando a la diversidad de reinos cristianos se suma la
variedad de reinos de taifas en territorio musulmán.
El reinado de los Reyes
Católicos se ha venido considerando como el inicio definitivo de la
unidad de España, pero ello es muy matizable. Cada reino conservó sus Cortes e
instituciones, su moneda… y, tras la muerte de Isabel, sólo razones dinásticas
explican que ambos reinos volvieran a unirse bajo el emperador Carlos. Poco
después Felipe II tuvo que enviar tropas castellanas a Aragón para acabar con
el nacionalismo.
Entre los siglos XVI-XVII la
estructura político-territorial española seguía sin ser unitaria. Castilla,
Aragón y Navarra mantuvieron sus instituciones (dentro de la Corona de Aragón
se repetía la situación entre los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca) y
continuaba la multiplicidad de jurisdicciones y privilegios forales.
La situación cambia con la llegada de
los Borbones. Los decretos de Nueva Planta suprimieron las
leyes e instituciones propias del reino aragonés e implantan un modelo
centralizado, lo que lleva a modificaciones en el diseño territorial (ver
mapa).
No será hasta 1833 cuando
se produzca la definitiva desaparición de los reinos como entidades
administrativas. Entonces, Javier de Burgos creó la aún vigente
división provincial (49 provincias, que se convirtieron en 50 en 1927 al
dividirse la de Canarias en dos).
Será en 1978 cuando,
amparándose en el título VIII de la Constitución, se inicie la reordenación
territorial que da al país el actual diseño autonómico, que
realmente no introduce grandes cambios en el diseño territorial, ya que 11 de
las 13 antiguas regiones permanecieron invariables.
La Constitución diseña una organización
político-administrativa propia de un estado
descentralizado, que reparte la toma de decisiones entre diferentes
divisiones territoriales con capacidad de autogobierno en los asuntos de sus
competencias. Fundamentalmente son:
El municipio. Es
la entidad territorial básica, compuesta por una o varias localidades y un
territorio claramente delimitado: el término municipal. Su gobierno y
administración corresponde al ayuntamiento, integrado por concejales elegidos
por los vecinos del municipio y un alcalde elegido por los concejales. Su
función es administrar su territorio y prestar servicios a lo vecinos.
La provincia. Es
una entidad territorial local formada por una agrupación de municipios. Su
función es fomentar los intereses provinciales, prestar servicio de ámbito
provincial y coordinar los servicios de los municipios. El gobierno y la
administración provincial corresponden a la Diputación Provincial, integrada por los diputados, escogidos entre
los concejales proporcionalmente según su representación política a nivel
provincial, y un presidente, elegido por los diputados.
La Comunidad autónoma,
una entidad territorial formada por provincias limítrofes, provincias con entidad regional histórica o territorios
insulares. Poseen autonomía legislativa, que recae en su parlamento, y
capacidad de autogobierno sobre los asuntos de su competencia.
Además de los tres anteriores, la Constitución reconoce
otras demarcaciones territoriales, que puede tener ámbito provincial,
supramunicipal, submunicipal e insular. Entre ellas se encuentran: Los Territorios forales, que tienen una
base histórica en Navarra y el País Vasco, que coinciden con sus respectvas
provincias y que se gobiernan a través de las Diputaciones Forales. Las Comarcas, territorios que agrupan
varios municipios; las Mancomunidades,
formadas por la libre asociación de municipios; las Parroquias, entidades formadas por varias aldeas, propias de
Galicia y Asturias; y los Consejos
Insulares y Cabildos, órganos de gobierno y administración local en los
archipiélagos. En Baleares las cuatro grandes islas tienen un Consells
Insulars, y en Canarias cada isla tiene su propio Cabildo.
Al generalizarse las autonomías la
provincia perdió la importancia que antes tenía, a la vez que se revalorizaban
las comarcas en el interior de cada autonomía. En algunas, como Cataluña, las
comarcas tienen poder administrativo, mientras que
en otras, como Andalucía, son
denominaciones de zonas geográficas con características físicas comunes.
2. Las Comunidades
Autónomas y las regiones.
2.1. El proceso de creación de la CC.AA. y su organización
Una comunidad autónoma es
una entidad territorial dotada de autonomía legislativa y competencias
ejecutivas, así como de la facultad de administrarse mediante sus propios
representantes.
Desde mediados del XIX se buscó
romper el centralismo administrativo borbónico, optándose entre el federalismo
y la autonomía, aunque será a finales del XIX cuando empiecen a manifestarse
los regionalismos o nacionalismos, sobre todo el nacionalismo
periférico, al consolidarse en Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía,
fundamentalmente.
Los nacionalismos comienzan proponiendo que sus regiones tengan
autonomía de gobierno frente al poder central y, hacia 1913, se acepta que las
provincias puedan mancomunarse, pero la dictadura de Primo de Rivera corta el
proceso. Sería la Constitución de la segunda República quien reconoció
el derecho a la autonomía. Se presentan numerosos proyectos de estatutos de
autonomía (Cataluña, País Vasco, Aragón, Galicia, Andalucía...) pero sólo se
aprobaron el catalán y el vasco, este ya en plena guerra civil.
El régimen de Franco erradicó
cualquier posibilidad de autonomía, y en la transición democrática el
problema de la estructura de España volvió a aparecer. La Constitución de 1978
lo resuelve en el título VIII, definiendo a España como un Estado plurinacional
y reconociendo el derecho a la autonomía de las regiones, marcando cual debía
ser el proceso de acceso a la misma. Tras este proceso se establece la
existencia de 17 autonomías y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla).
El Estado autonómico se caracteriza
por los siguientes rasgos:
●Cada comunidad autónoma está regida por su Estatuto de autonomía, elaborado y aprobado en su Parlamento y ratificados por las
Cortes.
●La Constitución
establece que las comunidades tienen competencias exclusivas
en diversos asuntos: políticas (organizar sus instituciones de
autogobierno); económicas (agricultura, ganadería, pesca, comercio…); en
infraestructuras y transportes y en ordenación del territorio (urbanismo, medio
ambiente y vivienda); sociales, sanitarias y culturales, deportivas y de ocio
(museos, bibliotecas, turismo, etc.).
●Las instituciones de una comunidad
son tres: El Parlamento autonómico,
que ejerce de asamblea legislativa, elaborando las leyes en las materias de
competencia autonómica, aprobando el presupuesto y controlando al gobierno
regional; El presidente/a, máxima
autoridad de la comunidad autónoma que nombra y dirige su gobierno, a la vez
que es elegido por su Parlamento; El
Consejo de Gobierno, o gobierno autonómico, integrado por el Presidente/a
de la comunidad y los consejeros por él elegidos, que se encargan de las
diferentes áreas de gobierno o consejerías (ministerios).
Además, las comunidades cuentan con
un órgano judicial, el Tribunal Superior
de Justicia, máximo órgano judicial y con una Delegación del Gobierno, que dirige la administración general del
Estado en ellas.
●La financiación de las comunidades
responde a dos modelos: El régimen foral (País Vasco y Navarra), en el que el
territorio se financia con los tributos por él recaudados y acuerda con el
Estado la cantidad a pagar a su Administración General (conciertos); y el
régimen común, en el que las comunidades se financian con tributos (propios,
cedidos por el Estado o compartidos, caso del IRPF, IVA…) y con fondos, siempre que los impuestos
recaudados no cubran los servicios públicos básicos.
●El estado autonómico se basa en la igualdad territorial y la
solidaridad, de manera que ningún estatuto puede
contener privilegios o discriminaciones en materia fiscal, salarial, de
seguridad social…
El estado de las autonomías ha venido
a introducir un mayor variedad geográfico-política: Comunidades de 9 provincias
a otras uniprovinciales, algunas de gran extensión y otras minúsculas,
interiores, periféricas, insulares, muy pobladas o poco pobladas, equilibradas
en sus recursos o desequilibradas… Esto no ha hecho sino mantener uno de los
grandes problemas de España: el de los desequilibrios regionales.
2.2. Las regiones y sus
desequilibrios.
Pierre George define región como «Porción de espacio dotada de unidad a causa de sus características
físicas, su pasado histórico, sus capacidades económicas y, eventualmente, la
voluntad orgánica de un estado» Con ello se define, a la vez, los conceptos
de región natural o geográfica (territorio limitado por
fronteras naturales –generalmente el relieve- y que comparte características
físicas y biogeográficas) y región política (división que hacen los Estados para su administración
política y que puede contener criterios naturales, económicos, históricos o
culturales ).
La Constitución española, en su artículo 2, reconoce y garantiza el
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, sin aclarar el
concepto de nacionalidad, pero intuyéndose su identificación con aquellas que
más avanzaron en la consecución de su autonomía durante la Segunda República.
Terminado el proceso autonómico podemos decir que, actualmente, se identifica
comunidad autónoma con región política y que, al compararlas. se extrae una
clara conclusión: Los enormes contrastes regionales.
2.2.1. Contrastes regionales.
La simple visión del mapa autonómico nos muestra grandes
contrastes: comunidades muy pequeñas frente a otras que superan en tamaño a
Portugal (Castilla-León); comunidades uniprovinciales y otras que reúnen 8 o 9
provincias (Andalucía y Castilla-León).
Las CC.AA. litorales disponen de mejores condiciones geográficas
y mayores recursos (costas, climas, suelos…), lo que ha favorecido el
desarrollo de determinadas actividades (industria, turismo, agricultura
intensiva…), estimulado su crecimiento demográfico y potenciado su desarrollo
económico.
Por contra las comunidades interiores –a excepción de Madrid-
presentan peores condiciones naturales: climas continentalizados, orografía
compleja, suelos de poca calidad… Por eso suelen ser las zonas menos densamente
pobladas y las peor dotadas de infraestructuras y tejido industrial.
En este panorama tienen mucho que ver la historia y determinadas
decisiones de carácter político, pero también los factores geográficos
naturales. Todos estos factores, entrecruzados, han creado importantes
desequilibrios, evidentes en los capítulos demográfico, económico y social
●Desequilibrios demográficos. La población se distribuye muy desigualmente sobre el
territorio. La densidad media para España es de 93 hab/Km2, pero con
grandes diferencias entre comunidades y provincias: De los más de 750 hab/Km2
de Madrid a los 25 de Castilla-La Mancha.
Hay un fuerte contraste entre un litoral muy poblado y
un interior semivacío. La prueba es que casi la mitad de la población se
concentra en sólo 4 CC.AA: Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia; mientras en
la España interior hay grandes zonas con bajas densidades. Las fuertes
densidades de la periferia se acentúan sobre todo en las CC.AA.
mediterráneas y las principales islas, frente a las que encontramos un progresivo vacío del
interior, salvo en zonas como Madrid y su entorno y los ejes del
Ebro y del Guadalquivir.
El contraste se da también en los comportamientos demográficos:
Al mayor crecimiento natural de Murcia, Madrid, Andalucía… se opone el
crecimiento negativo de la Cornisa Cantábrica, Galicia o Castilla-León
●Desequilibrios económicos y sociales. El PIB por
habitante y las tasas de actividad y paro reflejan muy bien las disparidades
económicas y sociales entre regiones. El PIB medio por habitante en 2013 era de
unos 22.700 €. Mientras País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña… estaban muy por
encima, otras CC.AA. como Extremadura o Andalucía no alcanzaban los 20.000 €
Si observamos la tasa de
actividad (media del 59,4% en diciembre de 2013), la Comunidad que
presentaba mayor tasa era Baleares (63%), seguida de Madrid, Canarias, Cataluña…
(todas con más del 60%) Por contra Asturias apenas superaba el 52% y
Castilla-León, Galicia y Extremadura se situaban por debajo del 55%
Idénticos contrastes encontramos respecto a la tasa de paro. Mientras Andalucía
(36,3%), Extremadura, Canarias o Castilla-La Mancha superaban el 30% (EPA de
diciembre del 2013), País Vasco o Navarra están por debajo del 20% y La Rioja,
Cantabria, Aragón, Madrid o Galicia estaban por debajo del 22%.
Todo lo anterior nos llevaría a distinguir entre regiones de
mayor dinamismo o desarrollo y otras de menor dinamismo. Entre las primeras han
de destacarse Cataluña, País Vasco, Madrid, Navarra, Baleares... Entre las
segundas Extremadura, Andalucía, Castilla – La Mancha, Canarias, Murcia… En
general puede decirse que la mitad norte del país es más rica y dinámica que la
mitad sur.
Para corregir los desequilibrios el Estado pone en marcha
las políticas regionales. España cuenta con dos importantes instrumentos para
desarrollar su política regional: los Incentivos Regionales (ayudas estatales a
las empresas) y el Fondo de Compensación interterritorial, que se complementan
con otros que provienen de la política regional europea como los Fondos
Estructurales (FEDER y FSE) y el Fondo de Cohesión.
3. España en la U.E.
3.1. La integración y
sus repercusiones.
En febrero de 1962, y en plena dictadura franquista, el
entonces ministro de Asuntos Exteriores solicitó oficialmente la adhesión de
España a la Comunidad Económica Europea. Al año siguiente comenzaron las
negociaciones para el ingreso, con el escollo de la falta de democracia en
España. Por eso, aunque en junio de 1970 se firmase el Acuerdo España-Mercado
Común en Luxemburgo, aún tendrían que pasar 16 años hasta que España se
convirtiera en Estado miembro el 1 de enero de 1986.
La integración de España en la CEE tenía beneficios para
ambas partes. A España le podía servir para consolidar la naciente democracia e
impulsar su progreso económico, al tiempo que Europa necesitaba de nuevos
miembros para afrontar la competencia frente a EE.UU. y Japón y desarrollar el
proyecto europeo.
Las negociaciones no fueron fáciles, pues España producía
sobre todo productos agrícolas y pesqueros que rivalizaban con los de otros
países miembros, aunque su integración aportaba un importante mercado de 38
millones de consumidores.
Las consecuencias de la incorporación fueron numerosas:
●Políticas. Ayudó a
reforzar la democracia española y permitió a nuestro país ganar peso dentro de
Europa y del contexto internacional.
●Económicas. Las ayudas de
los fondos europeos permitieron a España modernizar sus estructuras
socioeconómicas y aumentar su productividad, acortando las distancias respecto
a Europa y cumplir con los criterios de convergencia para integrarse en la
Unión Económica y Monetaria.
●Sociales. Impulsó el
desarrollo del Estado del bienestar mediante un incremento de inversiones en
servicios sociales y prestaciones, aunque con importantes diferencias con los
países europeos más avanzados.
3.2. Posición de España en la UE.
España presenta una posición intermedia en el contexto de la
U.E. con las siguientes características:
a) Situación
periférica. Nuestro territorio se sitúa en el extremo suroeste de Europa
(península más occidental y meridional de Europa), presentando por tanto una
posición periférica. Es más, las Islas Canarias por su localización, se
integran en el grupo de regiones ultraperiféricas. No obstante, nuestra
situación favorece nuestro papel intercesor entre los ámbitos mediterráneo y
atlántico, colocándonos además en situación ventajosa para jugar un importante
papel en las relaciones entre Europa y África, pero también tiene el
inconveniente de alejarnos de los centros neurálgicos del poder político y
económico de Europa.
b) Peso relevante por
superficie y población. España es el segundo país en extensión y el quinto más
poblado de la U.E, si bien su densidad –algo más de 92 hab./ Km2- no
es de las más elevadas. Por otra parte, la población española refleja
–en general- las características de las sociedades modernas europeas:
envejecimiento, bajas tasas de mortalidad y natalidad (que se sitúan entre las
más bajas del mundo), alta esperanza de vida… Su población incluso ha
disminuido en los últimos años como consecuencia del desplome de la natalidad y
el retorno a sus países de origen de numerosos inmigrantes que provocó la
crisis económica iniciada en 2008.
c) Peso intermedio
por sus rasgos socieconómicos. En este apartado España se sitúa en una
posición intermedia de la U.E., claramente tras las potencias de Alemania,
Francia, Reino Unido e Italia, y por delante de los países que han ingresado en
las últimas ampliaciones.
Nuestro país es la cuarta economía de la eurozona y la
quinta de la U.E. por su P.I.B. Pese al crecimiento del PIB per cápita español
desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea, España se encuentra actualmente
en este aspecto por debajo de la media europea, y nuestro país muestra claras
debilidades en materia económica y social: baja competitividad económica,
debilidad industrial, excesiva dependencia del sector turístico, desequilibrio
de la balanza comercial, excesiva dependencia energética, poca cualificación de
buena parte de la población activa, retraso en las inversiones en I+D+I y en el
desarrollo de las TIC… Todo esto está en la base de hechos preocupantes, como
por ejemplo que la tasa de desempleo siga siendo la segunda más alta de los
países de la U.E., sólo por detrás de Grecia.
Desde su ingreso en 1986 España ha
mantenido una senda de convergencia con la U.E. Prueba de ello es que en 2001
nuestro P.I.B. per cápita se situó en la media europea y siguió aumentando
hasta 2007. Sin embargo, los efectos de la crisis iniciada en 2008, ha hecho
que en 2018 nuestro P.I.B. per cápita apenas supere el 90% de la media Europea,
aunque el dato esconde la evidencia de los desequilibrios regionales de nuestro
país, que intentan ser corregidos a través de la política regional europea.
Así, y en relación con el reparto de fondos comunitarios para el desarrollo, en el período 2014-2020
España cuenta con tres categorías de regiones: las menos desarrolladas (Extremadura),
las transitorias (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia y la Ciudad
Autónoma de Melilla) y las más desarrolladas (el resto). Actualmente tenemos
acceso a cuatro de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos
EIE): Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo, Fondo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. En
este mismo sentido España está ya excluida de los Fondos de Cohesión, pues la
mayoría de los países perceptores de los mismos son los de la Europa del Este,
con menor índice de desarrollo.
